Shakira evitó el juicio con la Agencia Tributaria, pero todavía tiene temas que resolver

Shakira compareció el lunes en los juzgados de Barcelona para confirmar su acuerdo con la fiscalía en relación con el presunto fraude fiscal durante los años 2012 a 2014. La propia artista colombiana explicó en un comunicado que su intención es evitar la exposición mediática y el prolongado tiempo de juicio, buscando centrarse en su carrera, estabilidad y la de sus hijos. 

No obstante, los problemas con la Agencia Tributaria española para Shakira no terminan aquí, ya que aún enfrenta una causa abierta por la vía administrativa relacionada con el ejercicio fiscal de 2011. En el comunicado, la cantante confirma su decisión de seguir adelante con esta reclamación.

"Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones. Y todo porque, en medio de una gira de más de 120 conciertos por todo el mundo, hice visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación, sumando en total 70 días entre todas las visitas. El 2011 fue un año en el que no tenía ningún vínculo con España. Me encontraba saliendo de una larga relación de más de diez años con mi expareja, Antonio de la Rúa, con quien vivía en Bahamas; y venía a España esporádicamente. Y, por si fuera poco, el caso de 2011 se ha tramitado de manera anómala y fuera de los plazos que dicta la ley, por lo que debería ser anulado".

La cantante confía en el criterio de las autoridades de justicia para separar la resolución de la causa penal de la situación del caso de 2011, subrayando que son compartimentos jurídicos distintos. Insiste en que su decisión de llegar a un acuerdo se basa en razones personales, emocionales y sentimentales, sin relación directa con aspectos jurídicos.

El proceso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, que se separa del caso penal cerrado con el acuerdo con la fiscalía, se inició debido a la posibilidad de que se hubiera incurrido en un delito fiscal. La defensa de Shakira sostiene que en 2011 pasó un máximo de 60 días en España, menos de un tercio del tiempo requerido para considerarse residente fiscal en el país.

Además, argumenta que su relación con Gerard Piqué no estaba consolidada en ese momento, y destaca la falta de vínculos significativos con España, salvo algunos conciertos esporádicos en giras internacionales. La Agencia Tributaria estima un fraude fiscal de 27 millones de euros, y Shakira desembolsó esta cantidad junto con otros 33 millones para regularizar su situación, con la intención de impugnar la decisión posteriormente, según indica el comunicado.