Vuelta a clases: Proyecto de ley sobre textos escolares permanece en debate
El pasado 26 de enero, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares exigir a sus alumnos la compra de textos escolares determinados y los obliga a aceptar el uso de aquellos validados y otorgados por el Ministerio de Educación. La iniciativa enfrentará el segundo trámite constitucional en el Senado, donde se discutirá en la Comisión de Educación y Cultura.
Con la nueva normativa, aquellas instituciones que opten por no utilizar los textos que otorga el Estado, deberán informar anualmente a padres, madres y apoderados, y al centro de estudiantes, los motivos pedagógicos que sustentan la decisión y, en ningún caso podrán exigir versiones actualizadas de textos o su formato material. Dicha comunicación deberá ser remitida por el sostenedor y firmada por el director a la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Educación respectiva.
Sin embargo, la propuesta genera dudas y cuestionamientos en algunos apoderados y editoriales, y es que según lo planteado no habría libre elección de las instituciones educacionales en cómo impartir los contenidos, lo que, en definitiva, terminaría afectando la libertad educativa. Así lo plantea la jefa del Área Creativa de Contenidos de la Editorial Ziemax, Aurora Videla: "Prohibirle a los colegios particulares que decidan qué recursos pedagógicos escoger es coartar su libertad de enseñanza, y claramente puede derivar mañana en una oportunidad para el adoctrinamiento".
Uno de los impulsores del proyecto es el diputado UDI, Nicolás Noman, quien acusó un supuesto "abuso y negociado" por parte de las editoriales. Opinión que no comparte la docente: "Estas palabras son un grave insulto a la honorabilidad de empresas que aportan a la cultura y al desarrollo humano del país". Además, destaca los esfuerzos que se han hecho en medio de la pandemia, ya que asegura que muchas casas editoras "optaron por las reimpresiones para disminuir costos y congelaron los precios sin afectar la calidad de los libros ni eliminar los importantes servicios asociados que los colegios valoran".
Eso es precisamente uno de los puntos críticos de la propuesta, ya que los parlamentarios indican que los libros entregados a los colegios por el Mineduc tienen el mismo contenido que los solicitados por los establecimientos, pero no mencionan si en la nueva ley se incluirán las prestaciones asociadas que entregan las editoriales. "Los textos del Estado están sujetos a limitaciones que los privados no tienen. Por ejemplo, cantidad de páginas, cantidad y calidad de la información, enfoque pedagógico, es decir rol y nivel de protagonismo del estudiante y del docente, y, por supuesto los servicios asociados".
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